Pescadores se organizan para proteger su sustento ante abandono gubernamental

Nota de la editora: Este reportaje es una colaboración entre 9 Millones y Grist. Los vídeos y las fotos que aparecen en este reportaje contaron con el apoyo de la organización periodística sin fines de lucro Economic Hardship Reporting Project.

Tomás Ayala Feliciano salta desde el costado de una pequeña lancha hacia el oleaje azul marino. Sus brazos atraviesan las olas como un sable mientras se sumerge en las profundidades de la bahía situada frente a la costa sureste de la isla-municipio de Culebra, Puerto Rico. Armado con un fusil de pesca, Ayala Feliciano nada aún más profundo mientras escudriña el perímetro del arrecife, en busca de su presa. No tarda mucho. Apenas unos segundos después, una nube de sangre pinta el agua alrededor de un gran pez cerdo, prueba suficiente de que ha dado en el blanco. Recoge su presa y se dirige hacia la superficie. 

De vuelta sano y salvo en su barco, Ayala Feliciano mete los peces de arrecife en una nevera portátil, acelera el motor y pone rumbo a la costa. Es miércoles por la tarde, a mediados de mayo. Ayala Feliciano lleva en su faena desde antes del amanecer. Este hombre de 50 años proviene de una familia de pescadores: empezó a bucear a pulmón en busca de peces de arrecife, a colocar nasas para langostas y a pescar pulpos cuando solo tenía ocho años, siguiendo los pasos de su hermano y su abuelo. En poco tiempo llega a su destino: un muelle de cemento que conduce a una villa pesquera, un lugar con infraestructuras clave para la comunidad de pescadores artesanales de Culebra. En su interior hay estaciones de limpieza, congeladores, un tanque de agua salada para almacenar langostas, una combinación de equipos y un mercado bullicioso. 

La villa pesquera brinda el equipo que necesitan decenas de pescadores locales para seguir con su trabajo, además de un espacio de encuentro. Cada semana, la asociación que gestiona colectivamente el espacio se reúne para ponerse al día y compartir sus retos y celebrar sus logros.

Ayala Feliciano es recibido por Nicolás Gómez Andújar, un biólogo marino e hijo de pescador. Juntos preparan el espacio para su próxima reunión, en la que conversarán sobre los permisos federales para una finca de ostras nativas, así como de una iniciativa para retirar del fondo marino grandes cantidades de equipo de pesca abandonadas y cualquier otro tema que algún miembro de la asociación quiera plantear. Mientras hablan, comerán un mofongo de plátano relleno de camarones.

Durante décadas, la villa pesquera de Culebra estuvo abandonada. El Gobierno de Puerto Rico cerró la instalación en 2002 por disputas políticas internas, la pérdida de fondos públicos y desacuerdos entre los pescadores locales. En 2021, cuando Ayala Feliciano y Gómez Andújar decidieron que querían revivirla, decenas de sus amigos, vecinos y empresas locales donaron su tiempo y mano de obra para restaurar la estructura en ruinas. Se necesitaron aproximadamente cuatro años de organización, recaudación de fondos y tramitación de permisos para que todo saliera adelante. 

En octubre de 2025, reabrieron oficialmente el mercado de mariscos y pescado entre gran entusiasmo. Cientos de personas, en la isla con menos de 2,000 habitantes, acudieron para celebrar el acontecimiento. Comieron, rieron y bailaron juntos. “Hemos creado lo que soñábamos”, afirmó Ayala Feliciano. 

Sin embargo, tras su éxito se esconde una historia de divisiones en el Gobierno y una necesidad, cada vez mayor, de reformar cómo los pescadores están representados en las instituciones gubernamentales puertorriqueñas. La supervivencia del oficio de la pesca a pequeña escala y su rol en el sistema alimentario de Puerto Rico depende de esto. La crisis climática agudiza todo esto, ya que el aumento de las temperaturas hace que cada vez sea más difícil ganarse la vida con la pesca.

Una brecha creciente

El Gobierno de Puerto Rico estableció oficialmente las villas pesqueras entre principios y mediados de la década de 1960, cuando lanzó una iniciativa para modernizar los barcos de pesca comercial y las instalaciones portuarias. Esto convirtió a los lugares informales de pesca en espacios comunitarios regulados. En 1979, se creó la Corporación para el Desarrollo y la Administración de los Recursos Marinos, Lacustres y Fluviales (Codremar), el organismo centralizado encargado de gestionar todas las actividades de investigación, educación y conservación relacionadas con la pesca comercial.

A principios de los años 80, el Gobierno comenzó a promover la creación de asociaciones de pescadores. Estos eran grupos locales organizados, encargados de controlar sus propias ventas de productos del mar. El propósito era romper los monopolios emergentes en este sector y gestionar con los municipios las villas pesqueras. Lo que ocurrió después no está bien documentado, pero una investigación realizada por el antropólogo social Manuel Valdés-Pizzini, de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez, ha revelado que los pescadores seguían teniendo dificultades para mantener el control de los centros de desembarque debido a las luchas políticas internas y al apoyo institucional menguado. Esta fue la misma dinámica que, en última instancia, condujo al cierre de la villa pesquera de Culebra.

“Hay mucha política en todo esto”, afirmó Valdés-Pizzini. “El área de desembarque es solo una pieza de la infraestructura de todo el sector pesquero, la cultura y la sociedad”.

En 1990, Codremar se disolvió después de que el Gobierno de Puerto Rico determinó que  su supervisión del sector pesquero era ineficaz. Sus responsabilidades principales se repartieron entre dos organismos: el Departamento de Agricultura y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA). Hoy en día, tanto los expertos como los pescadores coinciden en que la gestión del sector en Puerto Rico no es más que un enfoque fragmentado y disperso, repartido entre prácticamente todos los niveles de la administración pública. Las villas pesqueras suelen estar co-gestionadas entre asociaciones pesqueras locales, pescadores o negocios, los municipios y el Departamento de Agricultura. Parte del equipamiento que hay en su interior, como los almacenes, está bajo la supervisión de Agricultura, mientras que las licencias de los pescadores, las rampas para embarcaciones y otras autorizaciones son reguladas en gran medida por el DRNA.

La lista de organismos gubernamentales y reguladores también incluye al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU., la Guardia Costera de EE.UU., la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU., la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el Consejo de Gestión Pesquera del Caribe, la Oficina Estatal de Preservación Histórica de Puerto Rico y la Junta de Planificación de Puerto Rico, entre otros. Para los pescadores que intentan adaptarse al calentamiento global, como los de Culebra, la burocracia es un obstáculo.

Un análisis que pronto se publicará realizado por The Nature Conservancy Puerto Rico, del que Grist y 9 Millones recibieron un avance en primicia, ha revelado que las cargas que impone el actual proceso regulatorio a la acuicultura marina “pueden resultar desproporcionadamente elevadas para los productores a pequeña escala”. Según el informe, los permisos y autorizaciones no solo son notoriamente oneroso para los pequeños pescadores, sino que además pueden costar entre cientos y miles de dólares. Para algunos, como en el caso de los criadores artesanales de marisco, los costos iniciales y de operación pueden ser mucho mayores a los que pagan sus competidores en otras partes de EE.UU.

El sector pesquero de Puerto Rico también se diferencia del resto de EE.UU. en que está compuesto principalmente por pescadores artesanales a pequeña escala, en lugar de por empresas industriales. La pesca representa una parte mínima de la economía del archipiélago. La pesca comercial forma parte del sector de la agricultura, la silvicultura y la pesca de Puerto Rico, que representó apenas el 0.69% del producto interior bruto de Puerto Rico en 2024. Sin embargo, en las comunidades insulares más vulneradas —donde casi todos los alimentos son importados, las tasas de pobreza son doble en comparación a EE.UU. y los recursos son escasos— la expansión de la pesca local podría convertirse en la piedra angular de la seguridad y la soberanía alimentarias a largo plazo.

Un informe reciente reveló que tan solo 12 villas pesqueras aportan más de $3 millones anuales a la economía de Puerto Rico. Esa contribución está llamada a crecer, ya que cada vez más pescadores abogan por un sistema de concesión de permisos más ágil, un mayor reconocimiento industrial y cultural de los pequeños operadores, y un marco normativo centralizado supervisado por una única oficina gubernamental. Sin esos cambios, el futuro es incierto.

“Los pescadores se encuentran enredados en esta compleja red con el Departamento de Agricultura y el DRNA. Estas diferentes instituciones gubernamentales no parecen comunicarse entre sí. Hay una desconexión”, afirmó el investigador de sistemas alimentarios, Luis Alexis Rodríguez Cruz, quien colabora con el Instituto de Agroecología del Caribe en temas de pesca. “Decimos [que estamos] entre la espada y la pared… Mientras que una agencia te exige que lo hagas, a menudo la otra no lo exige o, de alguna manera, se opone a ello”.

Las presiones climáticas y la inacción del Gobierno

A pesar de que la desconfianza entre los pescadores y el Gobierno se agrava, los efectos visibles del cambio climático están empujando a los pescadores hacia ese mismo apoyo federal en el que han dejado de confiar.

El aumento del nivel del mar causado por el calentamiento global ha seguido afectando las playas, los humedales e infraestructuras costeras en todo Puerto Rico. La erosión ha perjudicado a más de un tercio de las playas de Puerto Rico. La situación es tan grave que, en 2023, el Gobierno de Puerto Rico declaró un estado de emergencia por este motivo, una medida que incluyó la asignación de $105 millones en fondos federales para poner en marcha casi dos docenas de medidas destinadas a minimizar los efectos. A finales del mes pasado, la gobernadora Jenniffer González Colón declaró otro estado de emergencia por la erosión costera. El 27 de mayo, días antes del inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico, González firmó una orden ejecutiva describiendo que la “situación crítica” de la erosión no había hecho más que “acelerarse” debido al aumento del nivel del mar, las marejadas ciclónicas, los fenómenos atmosféricos y la vulnerabilidad del paisaje de varias comunidades costeras puertorriqueñas.

Desde 1901, la temperatura media del océano que rodea Puerto Rico ha aumentado casi 2 grados Fahrenheit. Esto ha alterado la biodiversidad marina de la región, provocando la desaparición de arrecifes de coral y algas marinas, cambiando la distribución de las especies más abundantes y afectando la calidad de la pesca. Sin embargo, la principal amenaza climática para la pesca en Puerto Rico es el aumento de la frecuencia de los huracanes de gran intensidad que azotan el Caribe.

En 2017, el huracán María tocó tierra en Puerto Rico como tormenta de categoría 5, provocando devastación en el archipiélago y dejando a algunas zonas sin electricidad por casi un año. El huracán también fue devastador para las pequeñas pescaderías, que sufrieron pérdidas estimadas en $17.8 millones por daños en equipo, embarcaciones e infraestructuras costeras, incluyendo las villas pesqueras. Tras la tormenta, el Gobierno puertorriqueño se propuso reconstruir los centros pesqueros con financiación de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) y la NOAA, pero pronto se topó con problemas. La ayuda se retrasó en repetidas ocasiones. Algunos pescadores no recibieron ningún tipo de ayuda federal durante años y se vieron obligados a operar en mercados improvisados. Otros reconstruyeron, poco a poco, con sus propios recursos.

Aunque actualmente no existe un registro oficial del número de las estructuras que se perdieron a causa de la tormenta, un estudio realizado en 2026 por la organización sin fines de lucro Conservación ConCiencia reveló que 41 villas pesqueras se dedican actualmente a la venta de pescado, comparado a aproximadamente 63 que había en los años 80. El estado de esas instalaciones varía considerablemente, según la investigación. El Gobierno de Puerto Rico desconoce el número total de villas pesqueras activas. El DRNA indicó en un correo electrónico a Grist y 9 Millones que la agencia cuenta actualmente con 1,646 “pescadores bonafide y con licencia registrados”. Sin embargo, suele haber discrepancias entre el número de pescadores con licencia y los que aparecen en los datos recopilados por otras agencias.  

En la pequeña localidad costera de Ceiba, situada en el extremo este de la isla grande de Puerto Rico, Beverly Román Figueroa y su pareja, Ernesto Correa Torres, han luchado una batalla tras otra con las autoridades locales por su villa pesquera. Estas batallas comenzaron tras el huracán María. 

Después de que el ciclón causó daños graves a la villa de Ceiba, Román Figueroa afirma que el alcalde les comunicó que al municipio se le habían asignado algo más de $124,000 de ayuda de FEMA para sufragar las reparaciones. Sin embargo, cuando ella y Correa Torres visitaban el lugar —incluso, en 2023, tras una disputa contractual prolongada sobre la administración de la villa pesquera—, apenas encontraban indicios de que se hubiera realizado ningún trabajo. Las fotos y los vídeos tomados en marzo de 2023 muestran tuberías destrozadas y suelos y paredes encharcados: un espacio prácticamente inutilizable. 

“Lo que me entregaron fue una propiedad abandonada”, afirmó Correa Torres. “Esto no es mío; pertenece al pueblo de Puerto Rico y a los pescadores”.

Durante meses, sus peticiones de reparación quedaron sin respuesta por parte de las autoridades locales y federales. (El Departamento de Agricultura envió en un momento dado a unos representantes para realizar una inspección presencial, según cuenta Román Figueroa, pero la visita dio paso a “ninguna medida concreta”). Hartos de esperar y con la necesidad de generar ingresos, la pareja invirtió más de $60,000 de su propio bolsillo en la rehabilitación de la villa pesquera. Incluso, colaboraron con Conservación ConCiencia y la Federación Hispana para instalar paneles solares en la pescadería para contar con electricidad proveniente de fuentes más limpias y baratas. 

Tres años después, la estructura y sus instalaciones —los almacenes, la rampa para embarcaciones y el muelle flotante— están siempre a disposición de los pescadores locales. Su nuevo restaurante, Pescadería y Restaurante ANSI, abre cuatro días a la semana. Román Figueroa prepara platos recién hechos como el sancocho de tiburón, un guiso tradicional elaborado con el tiburón que Correa Torres pesca en el mar. Él es el presidente de ANSI, la empresa formada por pescadores locales que gestionan la villa; ella, la secretaria y la cocinera residente. Sus hijos también echan una mano: su hija trabaja en el restaurante y su hijo también es pescador. 

“Fue un desastre… pero, poco a poco, conseguimos volver a ponerlo en marcha”, afirmó Román Figueroa. Según ella, el Gobierno no tuvo nada que ver con la renovación. “A pesar de todo lo que hemos hecho en la villa, hemos trabajado solos”.

Trazando un nuevo rumbo

Ariam Torres Cordero, planificador medioambiental y profesor de la UPR en Río Piedras, ha visitado, al menos, 15 de las villas pesqueras del archipiélago en los últimos dos años para comenzar a trazar un mapa del estado actual del sector pesquero. Junto con Valdés-Pizzini, proponen cambiar el hecho de que el Gobierno no prepare un informe oficial sobre las condiciones actuales de los centros pesqueros de Puerto Rico. “Ya se puede ver el deterioro, a pesar de que se reconstruyeron hace menos de ocho años. Ya se pueden ver los efectos de la erosión costera”, afirmó Torres Cordero. 

La forma en que Puerto Rico gobierna el sector ha hecho que los pescadores sean más vulnerables a estas amenazas. Esto queda especialmente evidente en la fallida reconstrucción de las docenas de villas pesqueras destruidas por el huracán María. Las comunidades pesqueras de todo el archipiélago continúan denunciando que no pueden acceder a las ayudas federales para reparar las instalaciones y los equipos destrozados por la tormenta.

Una auditoría publicada en enero de 2025 por la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio de EE. UU. reveló que el Gobierno de Puerto Rico solo había distribuido alrededor del 7% de los $11.4 millones en fondos de ayuda para catástrofes destinados al sector pesquero desde abril de 2020 y que solo había completado 4 de los 17 proyectos de restauración asignados. 

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, no respondió a las solicitudes de aclaración de Grist y 9 Millones sobre los retrasos revelados en la auditoría ni proporcionó información actualizada sobre el desembolso de las ayudas por parte de la agencia. “Todos los espacios pesqueros de la isla son de propiedad privada o están gestionados por el Departamento de Agricultura”, afirmó Quiles Pérez por escrito. 

El Departamento de Agricultura de Puerto Rico no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios. 

Torres Cordero señaló que no solo la asignación de la ayuda estuvo plagada de retrasos y discrepancias, sino que el escaso dinero que el Gobierno federal destinó a la reconstrucción de las villas pesqueras tras el desastre no se utilizó considerando los efectos del cambio climático en las infraestructuras pesqueras. Esto queda claro al ver cómo muchas de las instalaciones ya se están desmoronando. Al reconstruir las estructuras tal y como se diseñaron hace décadas, “nos encaminamos a otra situación en la que acabaremos con la mayor parte de esta infraestructura prácticamente destruida”, afirmó Torres Cordero. “No es sostenible limitarse a reconstruir siempre lo mismo”.

Teniendo esto en cuenta, el planificador está tratando de averiguar cómo mitigar el riesgo de futuros daños por tormentas y erosión, sin impedir que las instalaciones pesqueras permanezcan cerca del mar. La respuesta, en su opinión, está en replantearse el propio diseño de las villas pesqueras para que sean más duraderas e incluso móviles cuando se requiera.

El propio Torres Cordero está reclutando la ayuda de estudiantes de arquitectura, paisajismo y trabajo social para elaborar un nuevo proyecto de estructura más “resistente al clima”. “Tenemos que decidir: ¿Qué elementos necesitamos que estén situados de forma permanente en un lugar? ¿Y qué elementos deberían ser móviles?. Y luego, diseñar en función de eso”, afirmó.

Sin embargo, una villa pesquera no es un simple edificio. Los congeladores y las zonas de limpieza y preparación del pescado, por ejemplo, suelen requerir maquinaria pesada que resultaría demasiado complicada de trasladar antes de una tormenta. Por otro lado, un mercado o un muelle podrían diseñarse para ser móviles. (El Gobierno puertorriqueño intentó una versión de esto tras el huracán María, instalando muelles flotantes temporales en unos pocos lugares, que, según Torres Cordero, han demostrado no ser muy duraderos ni funcionales).

El proyecto piloto se centra en la isla-municipio de Vieques donde residen muchos pescadores artesanales. El proyecto se encuentra en una fase muy inicial —empezó a tomar forma el verano pasado— y Torres Cordero aún no ha conseguido la financiación ni los recursos necesarios para llevarlo adelante. Varios factores externos también han contribuido a que el proyecto se haya estancado antes de haber comenzado. En septiembre, los pescadores con los que acababan de empezar a colaborar en Vieques se vieron repentinamente enfrentados al despliegue de tropas estadounidenses en la isla, que el ejército consideraba una posición estratégica ante sus tensiones con Venezuela. Vieques sigue sufriendo las secuelas medioambientales de décadas de bombardeos por parte de la Marina de los Estados Unidos, que utilizó gran parte de la isla para maniobras militares. Esto incluyó el desecho habitual de contaminantes desconocidos en las aguas que rodean Vieques, lo que contaminó sus recursos pesqueros y sus ecosistemas marinos. Posteriormente, en abril, los estudiantes de la UPR en Río Piedras se declararon en huelga para exigir la renuncia de la rectora, Zayira Jordán Conde, a raíz de sus polémicas decisiones relacionadas con los recortes generalizados en investigación y personal.

“Todo eso se desplomó, afirmó Torres Cordero. “Ahora mismo, estamos a la espera de ver qué pasa”.

Un futuro incierto 

Los pescadores de Culebra están lo más preparados posible para la próxima tormenta devastadora. Esto es gracias a las más de dos docenas de paneles solares que cubren el techo de la villa pesquera, a las ventanas resistentes a los huracanes que hay por todo el edificio azul y blanco, y a un sistema de recolección de agua de lluvia que garantiza una reserva. Se trata de medidas sencillas, pero eficaces con las que los pescadores de la isla municipio ya han probado que los protege mejor frente a los estresores climáticos que afectan a su sector. Al hacerlo, también han reforzado las defensas de su comunidad isleña contra la inseguridad alimentaria ante el próximo huracán en Puerto Rico. 

Tras el paso del huracán María, los pescadores de Puerto Rico se movilizaron para alimentar a sus vecinos. En Culebra, Ayala Feliciano recuerda cómo  la cadena de suministro local de productos se colapsó por completo después de que la isla estuvo sin electricidad durante medio año. Para satisfacer las necesidades —mientras los pescadores luchaban con el equipo dañado y la falta de electricidad, y la comunidad esperaba una ayuda alimentaria externa que simplemente no llegaba— Ayala Feliciano organizó un sistema informal. Recogió pescado de otros pescadores, habilitó una zona improvisada para limpiar la pesca y tocó puertas para venderlo directamente a la gente. Esta iniciativa de base puso de relieve la necesidad de un sistema más resiliente, lo que impulsó la creación de la asociación de pescadores y la restauración de su base de operaciones: la villa pesquera. 

Aunque la pesca solo representa una parte mínima de la economía de Puerto Rico, está claro que Culebra sale ganando gracias al trabajo que realizan Ayala Feliciano y Gómez Andújar. Para una comunidad en la que aproximadamente una cuarta parte de los residentes vive por debajo del umbral de la pobreza —un indicador fundamental de la inseguridad alimentaria— crear una cadena de suministro local sólida y reforzar su resiliencia frente al deterioro del medio ambiente no es solo una aspiración, sino una estrategia de supervivencia. Por eso, en 2020, Gómez Andújar y la científica medioambiental Megan Considine se propusieron crear otro pilar de esa visión: la única finca de ostras autorizada en Puerto Rico.

“El cambio climático es, por supuesto, una amenaza impredecible. Y es crónico, y está ahí”, afirmó Gómez Andújar. “Hasta cierto punto, tenemos que aceptarlo. Tenemos que adaptarnos. Tenemos que mitigar sus efectos”.

Aunque la finca de ostras se financia actualmente con subvenciones y solo cuenta con permisos de investigación, pescadores locales como Ayala Feliciano ven el cultivo del marisco nativo como una alternativa para despertar el interés de las generaciones futuras por la pesca y diversificar los productos del mar, que se ofrecen desde la villa pesquera de Culebra. Pero, para mantenerla en funcionamiento durante los próximos años, tendrán que comercializar la finca. Todo iba por buen camino… hasta finales del mes pasado.

De repente, gran parte del cumplimiento federal de su empresa agrícola dependía de un permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU., que corría el riesgo de caducar. En lugar de arriesgarse a cometer infracciones, tomaron la difícil decisión de cerrar, al menos temporalmente, la mitad de sus operaciones mientras esperaban por la autorización. “Es desmoralizador”, afirma Gómez Andújar. “El mensaje principal, en realidad, es que estamos haciendo todo lo posible por hacerlo todo bien, y aun así sigue siendo muy, muy, muy difícil”.

Tras años de esfuerzo por recuperar el pueblo pesquero de Culebra, Gómez Andújar y Ayala Feliciano se ven, una vez más, sepultados bajo capas de burocracia. El camino que tienen por delante se parece mucho al que han dejado atrás.

“Enseñamos a la gente cómo vivir del mar, cómo obtener alimentos del mar”, dice Ayala Feliciano. Para Ayala Feliciano, la pesca representa mucho más que un simple trabajo: es la base de un futuro para Puerto Rico caracterizado por la soberanía alimentaria y la resiliencia climática. “Y el Gobierno es el mayor obstáculo”.

Ayurella Horn-Muller es una periodista de Grist, que se ocupa de temas relacionados con la alimentación y la agricultura.

El cineasta Nelson Vega contribuyó a este reportaje.

Matthew McKnight, Katherine Bagley, Laura M. Quintero y Camille Padilla Dalmau han colaborado en la edición. 

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