Aguadilla: ¿Puede una ciudad santuario para inmigrantes hacer patrullaje fronterizo?

AGUADILLA —  Después de firmar la ordenanza que convirtió a Aguadilla en una “ciudad santuario” y prohibió así la cooperación de empleados municipales con agentes de inmigración, el alcalde Julio Roldán Concepción confirmó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) que seguirán colaborando con Operation Stonegarden, un programa de seguridad fronteriza que subvenciona el patrullaje costero en búsqueda de inmigrantes indocumentados y el trasiego de armas y drogas. 

La comunicación entre el alcalde y CBP ocurrió tras el Departamento de Seguridad Pública (DSP) avisar que le quitaría los fondos del programa, según documentos obtenidos por 9 Millones. Estos documentos revelan detalles sobre cómo Aguadilla colabora con CBP para patrullar su costa, al tiempo en que exponen la tensión entre proteger a los inmigrantes y colaborar con una de las agencias que ha aterrorizado a las comunidades migrantes en Puerto Rico y Estados Unidos. 

La aparente contradicción no es exclusiva a Aguadilla, sino que se extiende a cinco estados santuarios: California, Nueva York, Washington, Vermont y Minnesota. En la mayoría de estos casos, los fondos Stonegarden van a los condados y no al mismo gobierno que juró no colaborar, según datos de 2024 del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. 

A preguntas de 9 Millones, Roldán Concepción explicó que no ve contradicción entre ser “ciudad santuario” y colaborar con Operation Stonegarden, ya que su intención es proteger a los inmigrantes que ya residen en el municipio; no los que llegan de manera indocumentada.

“No es que nosotros estamos patrocinando que lleguen aquí de forma indocumentada, sino que, a la vez que están aquí, tratar de dar un trato justo y un trato de respeto como se merece”, dijo Roldan Concepción, quien estudió medicina en la Universidad Central del Este en San Pedro de Macorís en la República Dominicana.

El 26 de junio de 2025, Roldán Concepción firmó la Ordenanza Núm. 82, que prohíbe a los empleados municipales compartir información sobre el estatus migratorio de una persona y cooperar con las redadas de inmigración sin una orden judicial. El alcalde declaró en un comunicado de prensa que se estaba posicionando “al lado correcto de la historia”. Luego, la Ordenanza Núm. 83 creó un comité para ayudar a comunidades impactadas por estas redadas.

Casi dos meses después, el primer ejecutivo de Aguadilla recibió una carta del jefe de división de CBP para el Sector Ramey, Wilmar Rodríguez, indagando su disposición para seguir colaborando con Operation Stonegarden. “La reciente designación de Aguadilla como ‘ciudad santuario’ ha generado inquietudes respecto a la capacidad de su departamento para seguir apoyando la misión de la Patrulla Fronteriza”, lee la carta firmada por Rodríguez, la cual 9 Millones obtuvo mediante una solicitud de información al municipio.

Mientras defensores de los derechos civiles celebraron la declaración de ciudad santuario, el secretario de DSP, Arthur Garffer, le notificó al alcalde que esa movida era “incompatible” con el programa Stonegarden. El DSP administra estos fondos, que 13 municipios y dos agencias gubernamentales reciben. Nunca hubo una explicación pública sobre el marco legal por el cual se rigió Garffer para intentar quitar los fondos, ni el DSP respondió a una solicitud de comentario de este medio.

El propio Roldán Concepción divulgó, en una publicación de septiembre de 2025,  que estos fondos “nunca fueron removidos”. En la carta a la que 9 Millones tuvo acceso, le contestó al CBP que el municipio está “totalmente comprometido” con seguir colaborando con Border Patrol a través de Stonegarden, y que “esto no conflige de ningún modo con la política pública” establecida por la Ordenanza 82. 

“Si bien Aguadilla ha adoptado una ordenanza que nos define como ‘Ciudad Santuario’, este término ha sido malinterpretado en los medios de comunicación. En nuestro caso, se refiere a disposiciones específicas y particulares, distintas de las implementadas en ciertas jurisdicciones de algunos estados de la Unión. Nuestra ordenanza no limita ni interfiere con la estrecha y necesaria colaboración entre nuestras agencias municipales y las operaciones de la Patrulla Fronteriza en materia de seguridad fronteriza y marítima”, lee la carta firmada por el alcalde. 

Un término sin definición fija 

No existe una definición legal única que determine qué hace que una jurisdicción sea santuario para los inmigrantes; es un término “comodín” para describir una constelación de políticas creadas para fomentar la confianza entre un gobierno y su población migrante, explicó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Puerto Rico (ACLU-PR, en inglés). 

“Cada ciudad, cada county, cada estado tiene la autoridad para establecer normas de acuerdo con sus propias leyes y mandatos. En ese ejercicio de desarrollar esas protecciones de lugar santuario, puede definir distintos tipos de protección”, dijo Martínez Orabona. Estas políticas van desde retener información hasta prohibir contratos públicos para centros de detención para inmigrantes.

Ya que no hay una sola definición de lo que son, no existe una lista exhaustiva de las jurisdicciones santuario. Sin embargo, el Departamento de Justicia federal publicó una lista de 400 jurisdicciones en un acto catalogado como intimidación por muchos grupos de derechos civiles. La publicación alegaba que estas jurisdicciones no estaban cumpliendo con la ley federal, algo rechazado por organizaciones como el American Immigration Council (AIC). Según el AIC, los estados están totalmente dentro de su autoridad legal de promulgar políticas de no cooperar con autoridades de inmigración. Poco después, el Departamento de Justicia publicó otra lista quitando el lenguaje acusatorio y reduciendo la cantidad de jurisdicciones a poco más de 30. 

En Puerto Rico, solo existen dos jurisdicciones santuario: Hormigueros y Aguadilla. Hormigueros se convirtió en la primera ciudad santuario tras firmar la Ordenanza Núm. 33 en 12 de junio de 2025, la cual prohíbe que empleados municipales colaboren con agencias de inmigración y que brinden información confidencial con las mismas. Aguadilla le sucedió. Otros municipios han expresado interés, pero ninguno ha tomado el paso, explicó Martínez Orabona. 

Un estudio de 2017 encontró que, en promedio, las condados santuarios reportaron 35.5 menos crímenes por 10,000 personas comparado a condados no santuarios. El estudio —realizado por el profesor Tom K. Wong de la Universidad de California en San Diego, junto al National Immigration Law Center y el Center for American Progress— también encontró que el ingreso anual medio por casa promedio es $4,353 más alto; la tasa de pobreza promedio es 2.3% más bajita, y la tasa de desempleo promedio es 1.1% más baja en condados santuarios comparado a los no santuarios.

Objeciones y defensas de Stonegarden 

El programa Stonegarden es un programa federal administrado por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés) que le provee fondos a agencias de ley y orden para “apoyar los esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad de las fronteras de Estados Unidos”. Los fondos del programa pueden destinarse a pagar horas extras, equipos y vehículos con el entendimiento de que la agencia que recibe los fondos patrullará la frontera una cierta cantidad de veces al año.

Aguadilla ha participado del programa Stonegarden desde 2009, cuando fue parte de los primeros tres municipios en recibir los fondos en Puerto Rico. En total, Aguadilla ha recibido por lo menos $1.2 millones en fondos OPSG desde 2014, según los contratos. El contrato más reciente fue firmado en 2025, por la cantidad de $97,500. 

En los últimos dos años, 13 municipios, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) han recibido fondos de la Operación Stonegarden. 

En Aguadilla, estos fondos se han dirigido a pagar horas extras de policías municipales, al igual que equipos como patrullas, jetskis y vehículos todo terreno, según el director del Departamento de Seguridad de Aguadilla, Wilfred Torres Rosado. Un video publicado en Facebook muestra al alcalde entregándole una patrulla a un agente municipal con estos fondos.  

“[Si] llega una embarcación, intervenimos con ella porque está ocurriendo en el momento. No es lo mismo ver una persona indocumentada que viene en yola entrando a la ciudad, que venir por ahí y decirle a una persona —quizás por el color de piel o por el idioma: ‘dame los papeles tuyos, a ver si eres legal o no’. No, eso no está permitido”, dijo Roldán Concepción. La única excepción a esto es que haya una operación respaldada por una orden judicial, añadió.

Un extracto del Operation Order FY2024, el documento que explica el objetivo de esta cooperación, establece que el CBP busca el apoyo de la policía municipal de Aguadilla para “suplir la falta de personal”. 

“El objetivo es crear una unidad de aplicación de la ley que multiplique la capacidad operativa para patrullar las zonas sospechosas de desembarque o entrega, así como las rutas de salida que se utilizan para actividades transfronterizas ilegales. También se planifican patrullas conjuntas «de impacto» con agentes de la Patrulla Fronteriza, dependiendo de los acontecimientos y/o de la información de inteligencia procesable. Los oficiales están autorizados a utilizar los fondos para llevar a cabo una combinación de patrullas marítimas, aéreas y terrestres durante esta operación”, lee el documento.

El mismo documento detalla que toda solicitud de información sobre documentos relacionados a Stonegarden debe ser notificada a Border Patrol, una subagencia de CBP, que en diversas instancias enfatiza su política de secretismo sobre estas colaboraciones.

Además, la orden advierte explícitamente que el acuerdo Stonegarden no da autoridad a los colaboradores para aplicar la ley de inmigración. Un acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE, en inglés) es el único mecanismo que le concedería a oficiales municipales el poder de aplicar la ley de inmigración. Al momento de publicación, no existe ningún acuerdo de este tipo con alguna agencia de gobierno en el archipiélago, según documentos de ICE. 

Al hablar de Stonegarden, Martínez Orabona planteó que “el objetivo último de esos fondos es detener la posible actividad criminal”. “El problema es que en Puerto Rico se utiliza como subterfugio para como quiera utilizar o involucrar a los policías locales en otro tipo de acciones que no son necesariamente una investigación criminal ni para perseguir una actividad criminal, sino para identificar personas migrantes sin estatus”, abundó. 

Este problema no es exclusivo de Puerto Rico. Una investigación periodística encontró que dos condados de Nueva York entregaron 23 detenidos a CBP por razones de inmigración, entre 2023 y mayo de 2025, como parte de Operation Stonegarden, pese al estado ser una jurisdicción santuario. La declaración tampoco impidió que policías y fiscales en condados de Illinois compartieran información con agentes federales, lo que encaminó la deportación de 150 personas.  

La desconfianza que genera colaborar con CBP ha levantado objeciones en distintos condados y estados. Recientemente, la Universidad de San Diego cortó sus vínculos con el programa Stonegarden. A principios de 2025, el jefe de la policía de un condado de Arizona en la frontera con México paró de colaborar con el programa porque sentía que se esperaba que siguiera órdenes del gobierno federal. Incluso, durante el primer término de Donald Trump (2017-2020), el jefe de la policía de un condado en Washington llamó “dinero sucio” a los fondos de Stonegarden porque sentía que le estaban pagando para ayudar a Border Patrol; mientras, la junta de supervisores de un condado en Arizona le votó en contra para no erosionar la confianza de la comunidad. 

En cambio, los defensores de esta colaboración promueven que la policía reciba dinero adicional para su trabajo de vigilancia, y rechazan que estas intervenciones se hagan con el propósito de aplicar leyes de inmigración. 

Sin datos de arrestos por municipio

Desde enero de 2025, ICE ha detenido a más de 1,800 inmigrantes en Puerto Rico, según Sandra Colón, portavoz de la subagencia de ICE Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés). La gran mayoría de estas detenciones (1,605) han sido administrativas, es decir, por una infracción civil. El resto han sido detenciones por delitos criminales, como regresar al país después de ser deportado. 

No existe una cuenta oficial de cuántos inmigrantes sin estatus migratorio regularizado hay en Puerto Rico. De los más de 87,000 inmigrantes que residen en Puerto Rico, solo 687 viven en Aguadilla, según datos del censo. Este dato puede incluir personas naturalizadas, residentes legales permanentes, estudiantes foráneos e inmigrantes sin estatus migratorio regularizado. La mayoría de estos inmigrantes en Aguadilla provienen de República Dominicana y Cuba, según el censo. 

Colón explicó que no hay un desglose de las detenciones por municipio. Roldan Concepción también dijo desconocer cuántos inmigrantes han sido detenidos en el municipio, pero entiende que han sido pocos. Afirmó que han rechazado toda petición de CBP y de ICE para participar en redadas de inmigración. Cuando le hicieron una petición de este tipo, él levantó la bandera rápidamente y firmó la ordenanza Núm. 82, recordó. 

A preguntas sobre cómo la declaración de ciudad santuario ha afectado las operaciones, Colón no emitió comentarios directos, pero sí dijo que “los esfuerzos en Aguadilla y la parte oeste, así como en toda la isla, se mantienen en su curso”. 

Entretanto, CBP ha detenido a 1,044 personas sin permiso de residencia permanente en Puerto Rico desde el año 2025, según datos proporcionados por la agencia. En términos de drogas, han incautado 14.2 libras en ese mismo periodo. 

El oficial de comunicaciones de CBP, Jeffrey Quiñones, dijo que pudieron clarificar los roles, responsabilidades y protocolos de comunicación con el Municipio de Aguadilla, tras la declaración como ciudad santuario. “La coordinación de CBP con Aguadilla a través de Stonegarden sigue centrada en actividades relacionadas con la seguridad fronteriza y la coordinación de la seguridad pública, de conformidad con los planes operativos aprobados y la legislación aplicable”, dijo Quiñones.

Carlos Berríos Polanco es un periodista independiente que se enfoca en temas ambientales, inmigración y seguridad.

Laura M. Quintero contribuyó con la edición.