Liberan inmigrantes en Puerto Rico por peticiones habeas corpus

Ángel Luis García Espinal, un inmigrante dominicano, fue detenido por las autoridades federales de inmigración el 9 de enero de 2026, mientras paseaba en carro con sus hijas por San Juan. Su cónyuge, una ciudadana estadounidense, ya había presentado una petición para regularizar su estatus. García Espinal estuvo detenido durante dos semanas en el Centro de Procesamiento de Aguadilla hasta que su abogado presentó una petición de habeas corpus alegando que su detención violaba sus derechos al debido proceso, según documentos judiciales.

García Espinal es uno de los cinco inmigrantes que viven en Puerto Rico por más de 10 años y están en proceso de regularizar su estatus migratorio, que han sido liberados de la detención migratoria después de que sus abogados presentaran peticiones de habeas corpus. A través de estas peticiones, pueden continuar sus casos de inmigración desde la libre comunidad (después de pagar fianza). 9 Millones habló con varios abogados de inmigración para comprender este proceso y lo que han aprendido sobre la defensa de sus clientes inmigrantes.

"Están viviendo una injusticia muy grande", dijo el abogado de García Espinal, Raymond Sánchez Maceira, sobre los tres clientes que ha representado en peticiones de habeas corpus que fueron detenidos a pesar de estar en proceso de regularizar su estatus.

¿Cuál es esta estrategia legal?

El Habeas corpus ―un instrumento legal que ha sido una piedra angular del debido proceso en la ley estadounidense― se ha convertido en una estrategia legal clave para los abogados de inmigración que buscan liberar a sus clientes de la detención migratoria. Anteriormente, los inmigrantes tenían la capacidad de solicitar una vista de fianza si no tenían antecedentes penales y un juez encontraba que no representaban un riesgo para la comunidad ni para la fuga. Pero en 2025, la Junta de Apelaciones de Inmigración revocó ese precedente, estableciendo que todo inmigrante que hubiera ingresado a EE. UU. de manera ilegal debe ser detenido obligatoriamente. Esto les obligó a presentar peticiones de habeas corpus si quieren ser liberados. Recientemente, un tribunal federal de apelaciones reafirmó esta decisión.

Las peticiones de habeas corpus han sido vitales para desafiar las órdenes autoritarias de la administración Trump, particularmente cuando invocaron la Ley de Enemigos Extranjeros para detener y deportar a inmigrantes venezolanos, según el Centro Brennan para la Justicia.

Los abogados de Puerto Rico han aprendido que la petición de habeas corpus debe presentarse a 24 horas de la detención; cualquier retraso posterior podría arriesgar su traslado a Estados Unidos. Debido a que el archipiélago no tiene un centro de detención permanente, la mayoría de los inmigrantes son trasladados un par de días después de ser detenidos, dijeron varios abogados de inmigración a 9 Millones. Esta práctica les separa de su sistema de apoyo y de sus abogados, lo que puede causar retrasos significativos en sus casos.

"Arrestan a estas personas, y como no hay órdenes de arresto contra ellos, y no representan un riesgo de fuga ni peligro para la comunidad porque no tienen antecedentes penales, ellos [las autoridades de inmigración] intentan sacarlos de Puerto Rico lo más rápido posible sin fianza", dijo el director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR), Fermín Arraiza Navas, sobre una práctica que dificulta su defensa legal.

ACLU-PR ha presentado cinco peticiones de habeas corpus desde finales de diciembre de 2025. Hasta ahora, dos de sus clientes han sido liberados bajo fianza, y un tercero, Albeto Pierre, un inmigrante haitiano, tiene el jueves su vista de fianza en el estado de Florida. La organización presentó una petición urgente en el tribunal del Primer Circuito para traerlo de vuelta a Puerto Rico.

9 Millones se comunicó con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para obtener comentarios, pero no respondieron de inmediato.

Rosaura González Rucci, una abogada de inmigración que ha presentado peticiones de habeas corpus junto con ACLU-PR, dijo que ha tenido clientes detenidos y trasladados fuera de Puerto Rico un día, o incluso, horas antes de su cita judicial con un juez del tribunal de inmigración. “Están haciendo todo lo posible para asegurarse de que no puedan asistir a su vista”, dijo González Rucci. Transferir a los inmigrantes antes de su vista se ha vuelto algo común desde que la administración Trump intensificó la aplicación de las leyes de inmigración, agregó.

Las, al menos, ocho peticiones de habeas corpus presentadas en Puerto Rico han sido principalmente para inmigrantes que tenían casos en curso para regularizar su estatus migratorio, lo que ayuda a argumentar que deberían ser liberados con fianza más fácilmente en un tribunal federal, explicaron.

La primera petición de habeas corpus de ACLU-PR fue desestimada por falta de jurisdicción, pero están apelando este caso. Su cliente fue retirado de Puerto Rico después de que ya habían presentado la orden de restricción temporal para mantenerlo aquí, afirmó Arraiza Navas.

Un segundo caso presentado por ACLU-PR y otros abogados de inmigración casi terminó de la misma manera. Sin embargo, tras una orden para obligar el regreso de su cliente a Puerto Rico desde el Centro de Transición de Broward en Miami, Florida, un juez federal ordenó que Teófilo Ávila fuera devuelto a Puerto Rico antes del 2 de febrero de 2026. Ávila regresó al archipiélago el 1 de febrero.

Aún no están fuera de peligro

Aunque estos abogados y sus clientes han ganado en el tribunal federal, no significa que estén fuera de peligro: aun cuando logran evitar que su cliente sea retirado de Puerto Rico, todavía tienen que lidiar con su caso en el tribunal de inmigración, lo que podría tardar más de un año, explicó Sánchez Maceira.

Las interpretaciones sobre la jurisdicción a veces se vuelven confusas, como muestra el caso de Ramón Ibaldi Váldez, un inmigrante dominicano representado por Sánchez Maceira. Aunque un juez de inmigración le otorgó la fianza, luego se la retiró tras ICE argumentar que carecía de jurisdicción. Sánchez Maceira entonces presentó una reconsideración de emergencia en aras de evitar que el tribunal federal para el distrito de Puerto Rico desestimara el caso de habeas corpus, intentando mantener a su cliente fuera de la detención migratoria.

Otro obstáculo que enfrentan los inmigrantes son las fianzas elevadas. La mayoría de las peticiones de habeas corpus han recibido una fianza de más de $10,000, explicó la abogada Julie Cruz Santana, quien también ha presentado peticiones de habeas corpus. Sánchez Maceira agregó que lo más bajo que ha visto ha sido $7,500, mientras que González Rucci ha visto fianzas que oscilan entre $3,000 y $6,000. Ninguno de los abogados entrevistados por 9 Millones ha visto casos que reciban el mínimo legal para fianzas del tribunal de inmigración, que es de $1,500.

“Es una forma de usar subterfugios en el proceso para evitar que esa persona quede libre", dijo Cruz Santana. Ella afirma que nunca ha visto fianzas tan altas en casos de inmigración en los últimos 25 años. Tanto González Rucci como Sánchez Maceira calificaron las fianzas que recibieron sus clientes como "completamente irrazonables”.

Muchas de estas fianzas se establecieron basándose en el riesgo potencial de fuga de la persona o si representaban un peligro para la comunidad, algo que los abogados de inmigración consideraron ridículo. Ninguno de los clientes de Cruz Santana tenía antecedentes penales, y ambos habían estado viviendo en el territorio de EE. UU. durante más de 15 años, explicó. Uno está casado con una ciudadana estadounidense que estuvo presente en la vista de inmigración, agregó.

Aunque hay pocos datos sobre la situación económica de las comunidades inmigrantes, casi la mitad de la población en Puerto Rico vive por debajo del umbral federal de pobreza, según datos del Censo de EE. UU., lo que dificultaría a muchas personas pagar una fianza tan grande de su propio bolsillo.

Si los inmigrantes no pueden pagar estas fianzas elevadas, aún podrían ser trasladados a un centro de detención en EE. UU., explicó Arraiza Navas. Pueden continuar sus casos de inmigración mientras permanecen detenidos allí, pero eso podría tardar hasta cuatro o cinco años debido a la sobrecarga de trabajo que tienen los tribunales de inmigración, explicó Cruz Santana.

Aunque el recurso de habeas corpus no está disponible para todos los inmigrantes detenidos, ACLU-PR planifica seguir utilizando estas peticiones mientras el gobierno siga haciendo detenciones arbitrarias, ilegales o injustas, dijo un portavoz. Lo mismo comentaron otros abogados de inmigración consultados por 9 Millones. “Trump ha ido demasiado lejos. Una cosa es que tú determines cómo implementar dentro del margen de discreción que te da la propia ley, pero otra cosa es que estés prácticamente anulando la ley, porque está violando la ley, está haciendo cosas que no están de acuerdo con la ley... Y ahí es donde está el problema”, insistió González Rucci.

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Las periodistas Camille Padilla Dalmau y Laura Quintero colaboraron con la edición de esta historia.