[OPINIÓN] Seamos casa y no cárcel para el Caribe

“Se están tirando en Buen Consejo”. “Dicen en un chat que hay presencia de ICE en Puerto Nuevo”. “Se llevaron a unos trabajadores en una urbanización en Río Piedras, arrestaron al vecino y la familia no sabe dónde está”. “Félix, el papá de las nenas que bailan, fue deportado y está en la República”. “Hace tiempo que no sabemos de Juan ni de Minerva. ¿Estarán bien?” “¿Dónde están los niños y niñas que siempre salían a la calle y ya no los vemos?”.

Mensajes como estos aparecen todas las semanas en WhatsApp, en las redes sociales, en las conversaciones cotidianas. Las personas inmigrantes y sus comunidades de apoyo llevan dieciséis meses manejando la ansiedad y el espanto que provoca la violencia de esa especie de policía secreta en la que se ha convertido el ICE. Sus agentes llegan enmascarados, muchas veces ya con información personal de las personas a arrestar, utilizan la fuerza, los montan en vehículos que en ocasiones no están identificados y se los llevan sin indicar a dónde exactamente. Muchos terminan en la famosa “Neverita” en Guaynabo, un centro federal operado por la Administración de Servicios Gubernamentales (GSA); en centros de detención en las oficinas de ICE o CBP, o en otros centros temporeros de detención en Puerto Rico que no han sido identificados por ICE. Por eso, desde la campaña Migrar es un derecho hemos denunciado que existen centros de detención clandestinos en Puerto Rico, algo que no es tolerable en un país que se jacta de ser democrático. 

Estos arrestos masivos —por lo general, arbitrarios y fundamentados en prejuicios raciales y exclusión social— generan inseguridad, dolor y precariedad. Una de las consecuencias más extremas es la enorme cantidad de familias rotas, lo que ha afectado muy especialmente los derechos y protecciones de la niñez. Según el Brookings Institute, unas 400,000 personas han sido detenidas por agentes de inmigración desde que Donald Trump regresó a la presidencia, hasta el 9 de abril de 2026. El gobierno federal no divulga los datos de cuántas separaciones familiares han provocado estas políticas. Brookings, sin embargo, hizo un estimado utilizando información del Censo para calcular el número de hijos que tienen las personas detenidas. Según el Instituto, alrededor de 205,000 niños y niñas han tenido un padre o madre detenido. De ésos, unos 145,000 son niños y niñas con ciudadanía estadounidense.

Según datos de ICE, obtenidos por el Deportation Data Project, entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026, ese organismo federal deportó, al menos, a 13,816 menores de 18 años. De éstos, casi 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes no fueron enviados a su país de origen sino a un “tercer país”.

Ahora, las familias son separadas de maneras más ocultas y difíciles de rastrear. Según el consenso de grupos activistas y comunitarios en Estados Unidos y Puerto Rico, en los últimos meses, las agencias federales de inmigración han cambiado la estrategia para ser menos visible, evitar la respuesta rápida solidaria y minimizar la documentación comunitaria de lo que suceda. La estrategia hoy se basa más en las técnicas de vigilancia, el intercambio de datos entre agencias, los convenios para que la policía estatal y local en Estados Unidos funja como agente de inmigración (acuerdos 287(g)), así como arrestos en tribunales y paradas de tránsito en las que participan la policía estatal y las municipales en el caso de Puerto Rico, donde no hay acuerdos 287(g). La niñez queda igualmente desprovista. 

Las niñas de Alberto y Marina representan a las niñas de miles de migrantes

La niña de dos años de Albeto Pierre, por ejemplo —un haitiano que vive en Puerto Rico y fue arrestado mientras llevaba a su esposa, Marina, a una cita médica de cuidado prenatal— no solamente no ha visto a su padre desde que fue arrestado el día de Navidad de 2025. La niña también perdió a la única persona que generaba ingresos económicos para su sustento. Su mamá, Marina, tuvo a su tercera bebé en abril de 2026 mientras Albeto estaba privado de libertad en condiciones infrahumanas, primero en Alligator Alcatraz, luego en otra prisión en Florida. Si Albeto fuera deportado, sería a Haití, donde la inseguridad es extrema y se ha denunciado un patrón de asesinar a personas que retornan. “Lo que tengo es tristeza, preocupación. Él no quería ir para su país, porque él corre peligro por allá”, ha confirmado Marina.

¿Quién se hace responsable por las necesidades y el trauma de las niñas y esposa de Albeto? ¿Quién garantiza los derechos de las niñas a no ser desplazadas de su país y comunidad; a no sufrir violencia? ¿Quién les devuelve a su papá?

EEUU violenta los derechos de la niñez y adolescentes migrantes establecidos por UNICEF

Expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han denunciado que Estados Unidos está violando directa e indirectamente los Derechos de la niñez y adolescentes migrantes establecidos por UNICEF. El 18 de febrero de 2025, el Departamento del Interior de Estados Unidos eliminó los servicios sin fines de lucro que proveían representación legal a la niñez migrante no acompañada.

Muchos de los 26,000 niños afectados han perdido su asesoría legal y continúan en riesgo de expulsión forzada, lo cual constituye una violación de derechos humanos de la niñez, según las relatoras especiales Siobhán Mullally, Gehad Madi y Margaret Satterthwaite, expertas en la trata de personas, especialmente mujeres y niños; los derechos humanos de los migrantes; y la independencia de jueces y abogados, respectivamente. 

“Los informes indican que los jóvenes migrantes están siendo retenidos en celdas sin ventanas, se les niega atención médica adecuada y son separados de sus padres o cuidadores durante largos períodos”, explica el comunicado de la ONU.

Las redadas discriminatorias de ICE y la política migratoria de la administración Trump colocan a menores en escenarios de enorme vulnerabilidad, desprotección y trauma. Un reportaje de The Washington Post documentó el caso de Orlin Hernández Reyes, un niño de dos años cuya madre fue detenida por ICE y quedó bajo el cuidado de otra persona mientras ella esperaba en un centro de detención su deportación a Honduras. El caso terminó en una tragedia que cobró la vida del menor y que ilustra cómo las decisiones del aparato migratorio pueden alterar de forma irreversible la vida de menores que dependen de sus madres, padres o cuidadores principales.

En lugar de reconocer el impacto de una política pública que deja a la niñez inmigrante expuesta a riesgos evitables, funcionarios de ICE responsabilizaron públicamente a la madre del menor por lo ocurrido, quien fue detenida y deportada. Se trata de un discurso que pretende desplazar la atención del problema central de un sistema que no considera el bienestar de los niños y niñas que quedan atrás.

Son miles las niñas y niños en la misma situación que las hijas de Marina y Albeto, o cuyo bienestar está en peligro como consecuencia de las políticas abusivas del ICE, como fue el caso de Orlin. Por eso, desde la campaña Migrar es un derecho, gestada por cuatro organizaciones puertorriqueñas, insistimos en decirle a nuestra gente: nos toca continuar resistiendo, elevar la denuncia, el acompañamiento y los esfuerzos de solidaridad para que estas prácticas violentas del Estado no se conviertan en una nueva normalidad. Este es un esfuerzo para dar visibilidad y promover la defensa contra las violaciones a personas migrantes que ocurren en nuestro archipiélago, que debe ser casa y no cárcel para la cuenca caribeña. Pero necesitamos más esfuerzos. En tiempos de apatía, violencia y racismo, súmate a la dignidad, a la protección y solidaridad en Puerto Rico y el Caribe. Saca la cara, Puerto Rico.

Mari Mari Narváez es la fundadora y directora ejecutiva de Kilómetro 0. Hilda Guerrero es cofundadora de la organización Comuna Caribe. 

La campaña Migrar es un derecho es una colaboración entre Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico, Comuna Caribe y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, en respuesta al alarmante incremento de violaciones a los derechos humanos como consecuencia de las redadas federales en el archipiélago desde enero de 2025, que ha resultado en alrededor de 1,900 detenciones en Puerto Rico.  

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