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OPINIÓN: El regalo a millonarios que cada año nos cuesta más
La coalición Puerto Rico No Se Vende educa sobre el impacto de los decretos contributivos de la Ley 22
El acceso a la información pública ha sido tema de debate reciente en Puerto Rico. Durante los últimos tres años, nuestra coalición ha confirmado la importancia de este derecho para estudiar el impacto del incentivo contributivo a los extranjeros que se mudan a Puerto Rico. Puerto Rico No Se Vende es una alianza de organizaciones comunitarias y de la diáspora que lucha contra incentivos contributivos que han impulsado el desplazamiento de las comunidades en el archipiélago.
La Ley 22, Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, fue aprobada en 2012 y luego derogada e incluida dentro del Código de Incentivos (Ley 60 de 2019). Los beneficiarios de la Ley 22 disfrutan de exenciones del 100% sobre intereses, dividendos y ganancias de capital, sin requerir un monto específico de inversión o la creación de empleos. El trabajo de nuestra coalición se ha enfocado en estudiar el impacto social y económico y los supuestos beneficios de la Ley 22.
Los datos son claros: el gobierno pierde mucho más de lo que recauda con estos incentivos. El gobierno estima que las pérdidas de ingresos superarán los $18 mil millones entre 2024 y 2030, únicamente por concepto de la Ley 22, según el último Informe de Gastos Tributarios.
El Informe de Gastos Tributarios es un documento oficial del Departamento de Hacienda que detalla el costo fiscal de las exenciones, deducciones y créditos contributivos otorgados por el Gobierno. Esta última cifra cuadruplica el estimado anterior de $4,400 millones proyectado para el periodo de 2020 - 2026.
Hace unas semanas, nuestra coalición publicó nuestro informe más reciente sobre ciertos incentivos de la Ley 60, incluyendo la Ley 22. Titulado Dolor y lucro: los inversionistas con múltiples exenciones contributivas que empobrecen a Puerto Rico, nuestra investigación demuestra cómo beneficiarios de la Ley 22 han acumulado diversas exenciones contributivas, provocando que el gobierno pierda miles de millones en ingresos mientras subsidia desarrollos de lujo y fomenta la privatización de recursos. El informe analiza también otros esquemas contributivos, incluyendo la Ley 74 (Turismo), la Ley 273 (entidades financieras) y las Zonas de Oportunidad.
El gobierno de Puerto Rico insiste en que el incentivo para individuos inversionistas ha generado millones de dólares para la economía local. Sin embargo, esto es un lucro ilusorio para el pueblo, basado en proyecciones de lo que podría generarse por estos individuos si crearan trabajos e invirtieran en comunidades locales. Además, sorprende que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la agencia encargada de monitorear los decretos, pueda calcular este supuesto beneficio económico con tanta certeza, dado que la agencia ha admitido que no tiene siquiera la capacidad de corroborar si cada beneficiario ha comprado una propiedad: uno de los pocos requisitos tangibles del decreto. Esto sin mencionar que aún se desconocen los resultados de la supuesta auditoría que el DDEC anunció en 2021, a pesar de las múltiples solicitudes de información que ha hecho nuestra coalición.
No sorprende que las comunidades locales no hayan visto beneficios de estos incentivos, dado que están basados en una versión boricua de la filosofía de“trickle down economics”, o “economía del goteo”. Esta teoría económica ha sido muy criticada, ya que se basa en la presunción de que, si el gobierno otorga más beneficios a personas ricas, esta riqueza eventualmente fluirá al resto de la comunidad – como por arte de magia, sin regulación ni requisito alguno.
El incentivo de Ley 22 no contempla cuál podría ser una tasa contributiva para atraer inversión que a su vez deje algo en el fisco del país. Pero, más allá del absurdo de esperar ganancias de una tasa de 0%, quizás lo más frustrante de la actitud del gobierno frente a este incentivo es la falta de consideración de los verdaderos costos para el pueblo de Puerto Rico.
En ningún momento, el gobierno se ha dado a la tarea de analizar el rol de estos incentivos en el desplazamiento de comunidades y la crisis de acceso a vivienda asequible que atraviesa Puerto Rico. Mientras tanto, permite daños al medio ambiente a causa de proyectos que lideran estos beneficiarios; un impacto a recursos naturales que jamás podrán ser reemplazados. Tampoco se ha tomado en cuenta el aumento significativo en el uso de energía eléctrica y agua potable en un país donde esta infraestructura desde ya no da abasto.
Desde nuestra coalición, nos disponemos a detallar estos impactos, así como las consecuencias de otorgar estos incentivos sin fiscalización adecuada. La pérdida de $18 mil millones es sólo el comienzo.
Iris Figueroa Irizarry es parte de la coalición PR No Se Vende/Not Your Tax Haven. Es abogada con extensa experiencia en cabildeo, servicios legales y educación comunitaria en una variedad de temas incluyendo derechos laborales, justicia ambiental, inmigración y política pública de Puerto Rico. Es graduada de la Universidad de Georgetown, la escuela de derecho de Columbia University (JD) y la Universidad de Amsterdam (LLM).
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