OPINIÓN: Las buenas políticas contributivas necesitan transparencia
El pueblo financia las exenciones contributivas, pero no puede fiscalizarlas, plantean miembros de la coalición PR No Se Vende
Informes recientes del Tax Justice Network colocan a Puerto Rico entre los 20 países que más contribuyen al problema global de los paraísos fiscales y la opacidad financiera. Este dato se sustenta en metodologías y estándares internacionales utilizados para evaluar la erosión de la base contributiva a nivel global.
Cuando se habla de paraísos fiscales, conviene recordar qué son y por qué representan un riesgo. Se trata de jurisdicciones que reducen artificialmente la carga contributiva para ciertos actores, combinadas con altos niveles de opacidad, escasa fiscalización y beneficios desproporcionados para unos pocos. El resultado suele ser la pérdida de ingresos públicos, distorsión económica y transferencia del costo (económico, social y ambiental) al resto de la población.
Para muestra un botón. Los decretos bajo la antigua Ley 22, hoy integrados en la Ley 60-2019, son un ejemplo más del modelo de paraíso fiscal que Puerto Rico ha promovido históricamente. No solo son muchos beneficios, sino que el Gobierno no presenta evidencia real de quiénes reciben los decretos contributivos (un nombre en una tabla no equivale a identificar a la persona y su perfil); ni si los beneficiarios cumplen con los requisitos que justifican esos privilegios; ni cuánto le cuestan realmente al país o qué obtiene Puerto Rico a cambio. No pueden demostrar con datos lo que tanto defienden; en su lugar, promueven el decreto apoyándose en informes cuya evidencia se rehúsan a publicar.
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tardó más de nueve años en comenzar a auditar estos decretos, según la Oficina del Contralor. Incluso luego de que el Centro de Periodismo Investigativo logró que el Tribunal obligara la divulgación de los informes anuales, el DDEC ha continuado resistiendo la entrega de la base de datos que usan sus informes para “evidenciar” el impacto de diversos tipos de decretos contributivos, y defender los beneficios de la Ley 22.
El reto de opacidad no solo afecta a la sociedad civil. Hasta el Servicio Federal de Impuestos Internos (IRS) tuvo que esperar años para que el Departamento de Hacienda entregara información sobre residentes inversionistas solicitada desde febrero de 2020 y, cuando finalmente lo hizo en octubre de 2024, los récords estaban incompletos.
Peor aún, ni siquiera el Gobierno de Puerto Rico parece ponerse de acuerdo sobre el costo fiscal de la Ley 22. Por ejemplo, en 2020, el Departamento de Hacienda estimó un gasto tributario anual de $545 millones, mientras el DDEC reportó un costo de apenas $82.6 millones. El año pasado, Hacienda elevó su estimado a $2,500 millones anuales, un aumento de 281% de la cifra proyectada originalmente para 2024, sin explicar claramente la metodología ni el supuesto retorno de inversión que se utiliza para justificar los decretos.
¿Cómo se defiende una política cuando ni el propio gobierno se pone de acuerdo sobre cuánto cuesta? Aquí el absurdo es difícil de ignorar.
¿Qué ocurrió con los contratos otorgados para desarrollar sistemas de información y análisis, que se suponía fortalecieran la fiscalización de estos y otros beneficios? Entre 2023 y 2025, el DDEC otorgó a la empresa Abexus LLC seis contratos por un total de $2.9 millones para proveer servicios relacionados, entre otros, al trámite y la evaluación de incentivos contributivos, incluyendo el desarrollo de una base de datos que combinaría información de diversas fuentes para proveer un “panorama completo” de los incentivos. No obstante, el DDEC continúa resistiendo entregar estos datos.
Como ha documentado la coalición Puerto Rico No Se Vende, los diversos incentivos a menudo se combinan y se superponen, permitiendo que ciertos beneficiarios acumulen ventajas contributivas muy superiores a las que jamás tendría un residente común. Casos como el del megaproyecto Esencia, ilustran cómo este modelo opera incluso frente a una oposición comunitaria amplia, documentada y sostenida. Según información reciente recibida por la Junta de Planificación, ese proyecto residencial y turístico ha acumulado beneficios y apoyos públicos equivalentes a más de $1,000 millones.
Existe un reconocimiento creciente de que la opacidad fiscal facilita la evasión contributiva, la concentración de riqueza y el debilitamiento democrático. Sin embargo, en Puerto Rico, el Gobierno ha optado por proteger aún más el anonimato corporativo, debilitando requisitos de divulgación y limitando la rendición de cuentas. En la práctica, el pueblo financia estos incentivos, pero no puede fiscalizarlos.
Como miembros de la Coalición PR No Se Vende, insistimos: no se pueden diseñar buenas políticas contributivas ni políticas públicas, sin datos certeros, metodologías y análisis centrados en el beneficio público, en vez de la ceguera conveniente o los intereses privados.
Issel Masses Ferrer es fundadora y directora ejecutiva de Sembrando Sentido.
Nicole Díaz González es abogada comunitaria y analista de política pública en Sembrando Sentido.
