Jenniffer González y Donald Trump frustran el progreso de las cooperativas de energía en Puerto Rico
Líderes de las ONG discuten cómo mitigar el daño y contribuir a la resiliencia energética de las comunidades más vulnerables
La Administración Trump y la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González Colón han cancelado una subvención de $6 millones a Abeyno Coop —la cooperativa de energía fundada por la Asociación de Residentes de La Margarita, en Salinas— dificultando que asista a los vecinos con ingresos bajos y moderados de ese municipio, cuya salud depende de la electricidad. Ambos gobiernos desviaron el dinero de las manos de la comunidad para redirigir a las centrales eléctricas de petróleo en Puerto Rico, operadas por una filial de la multinacional New Fortress Energy.
La Margarita, con 314 familias residentes, tiene un alto número de personas con distintas condiciones, cuyos tratamientos y medicamentos dependen de que la electricidad sea constante. Junto a la organización Solar United Neighbors, la Asociación logró la asignación millonaria, que hubiera permitido instalar 150 sistemas de energía solar para beneficio de personas con bajos ingresos en las comunidades de El Coco, Villa Cofresí, La Playa, El Coquí, Vertero y el Pueblo, todas en Salinas.
“Para ellos, iba a ser la única forma en que iban a acceder a energía solar… A través de un proyecto tan lindo como Abeyno Coop, la comunidad iba a ser la dueña, y [el sistema] no iba a estar en manos extranjeras”, comentó David Ortiz, de Solar United Neighbors (SUN). “[La] energía confiable, en muchos casos, era vida o muerte”.
Cuando las organizadoras comunitarias de SUN llamaron a las personas elegibles, para avisarles de esta cancelación, la gente lloró “porque tenían la esperanza de que se iba a dar”, contó Ortiz. Ya habían estado prácticamente un año evaluando y reclutando a 160 personas; verificando su indigencia, la titularidad del hogar y que tenían una condición médica dependiente del servicio eléctrico. “Lo que nos tiene en estrés es la búsqueda de fondos para continuar con ese proyecto... Ya han fallecido tres personas de la comunidad, esperando estas placas”, lamentó Ortiz.
La cancelación de estos fondos, en enero de este año, impactó a residentes y discapacitados en comunidades de escasos a moderados ingresos, que hubieran recibido la compra e instalación de sistemas de generación y almacenamiento de energía solar.
La partida en cuestión pertenecía al Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico, ascendente a $1,000 millones, que el Departamento de Energía (DOE, en inglés) presentó en febrero de 2023. Ese año, el DOE anunció que comprometía $453 millones para el Programa de Acceso Solar, para que 40,000 de “los residentes más vulnerables” en el archipiélago tuvieran acceso a energía solar y almacenaje, contribuyendo así a la meta de 100% de generación por fuentes de energía renovable.
Además de la colaboración entre La Margarita y SUN, la entidad Barrio Eléctrico estaba impactando varias comunidades en el norte, oeste, centro y sur de la Isla Grande; el Environmental Defense Fund trabajaba con la organización Mujeres de Islas en Culebra; y Let’s Share the Sun se había aliado a grupos comunitarios en Adjuntas.
El componente más grande de ese programa —que representaba $400 de los $453 millones— recayó, sin embargo, en manos de las compañías Generac Power Systems y Sunnova Energy Corporation, para comprar e instalar placas solares a los grupos cualificados. Antes de la cancelación por parte de Trump, ya se habían impactado más de 6,000 casas, según la directora de Hispanic Federation en Puerto Rico, Charlotte Gossett Navarro. La fundación activista por la equidad de los hispanos en Estados Unidos había sido seleccionada para educar sobre el uso y mantenimiento de los sistemas.
“La razón por la cual existe este fondo es porque se quería proteger la vida y la salud de las personas en Puerto Rico. No es lo mismo cuando a mi se me fue la luz: puede ser una inconveniencia, pero para otras personas en Puerto Rico perder su comida en la nevera es no comer; perder la luz es que se apaga su respirador y pierden su vida; o tienes un medicamento que se te daña en la nevera. Cuando se va la luz, no todos estamos en la misma situación. Este fondo se creó para atender esa inequidad”, resaltó Gossett Navarro.
Sin embargo, la Administración Trump decidió redirigir los $369 millones remanentes, para reparaciones y mejoras en los sistemas de generación, transmisión y distribución, que administran, respectivamente, Genera PR —subsidiaria de New Fortress Energy— y LUMA Energy, un consorcio entre Quanta Services y ATCO.
Tras la cancelación de los fondos, la gobernadora Jenniffer González Colón agradeció al Secretario de Energía, Chris Wright, por “priorizar” a los históricos desafíos energéticos del archipiélago. González Colón dio su aval a la movida: “En lugar de beneficiar solo a unos pocos clientes, destinar estos fondos a proyectos urgentes que mejoren la resiliencia y la fiabilidad de nuestra red eléctrica reportará beneficios generalizados y duraderos a los 3.2 millones de estadounidenses que viven en Puerto Rico”.
La gobernadora no solo omitió a las comunidades excluidas, sino que cambió la postura que había comunicado en octubre de 2022, cuando se unió a la exigencia para que se asignaran $5,000 millones para apoyar a las personas con impedimentos. La portavoz de prensa de La Fortaleza no contestó una petición de entrevista que le hiciera 9 Millones.
En sus justificaciones, el DOE calificó el acceso a sistemas de energía solar como un riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos por supuestamente generar fluctuaciones en la red eléctrica, inestabilidad y fragilidad.
Para la presidenta de la Asociación de Residentes de La Margarita, Wanda Ríos, “eso es un disparate”. “Si el verano pasado no hubo apagones en Puerto Rico, después de que ellos [el gobierno] los anunció, fue por las personas que tienen placas solares en los techos”, quienes vendían el sobrante de la energía que habían generado a LUMA. “Quienes han mantenido el sistema operando son las personas con placas solares”, sentenció Ríos.
En su informe de 2024, LUMA confirma que ha recurrido a la energía almacenada por los clientes para evitar los cortes de suministro eléctrico en Puerto Rico, y que la expansión del programa Intercambio de Energía en Baterías para los Clientes (CBES, en inglés) “hará que los cortes de suministro eléctrico en Puerto Rico sean poco frecuentes”. Entre junio y diciembre de 2025, el CBES ayudó a evitar o minimizar apagones cerca de 10 veces, según el analista técnico de SUN, Sean Malone, quien estudió los informes mensuales del consorcio.
“Todos iban a estar interconectados al sistema, queriendo decir que iban a estar proveyendo energía limpia y barata, que iba a beneficiar a todo el mundo en Puerto Rico”, puntualizó Ortiz.
La necesidad llevó a La Margarita a organizarse
Ríos, una veterana del Ejército de Estados Unidos, había emigrado al estado de Florida después del huracán María, que atravesó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, destruyendo el sistema de distribución de energía eléctrica y dejando a la mayoría de la población sin ese servicio durante meses; en algunos casos, casi un año. En 2020, regresó a Puerto Rico. “Cuando llegué, al otro día hablé con unas amistades mías y ellos me consiguieron unas cajas de mascarillas y yo fui casa por casa entregando las mascarillas”, comentó en entrevista con 9 Millones.
Durante la pandemia del COVID-19, los vecinos fundaron la Asociación de Residentes de La Margarita. Ríos explicó que fue un momento de mucha escasez y se organizaron no sólo para repartir mascarillas, sino agua y compras de comida. En junio de 2020, 43 de sus residentes participaron en la reunión fundacional.
En enero de 2022, la organización, que está constituida como una entidad sin fines de lucro para fines caritativos, optó por desarrollar una cooperativa de energía.
“Decidimos que la meta era tener una comunidad resiliente y sostenible, y para eso, debíamos tener un servicio de electricidad fuerte”, recordó Ríos.
Contrario a otras entidades de esta naturaleza, la Asociación de Residentes de La Margarita pretendía extender sus servicios a las demás comunidades en Salinas. Servir a las comunidades aledañas permitiría a la cooperativa generar ingresos adicionales por las tarifas cobradas a esos clientes, al tiempo en que se atiende la necesidad de acceso a energía para las comunidades más vulnerables. “Aquí en Salinas —y en Puerto Rico— existe una pobreza que la gente no tiene idea. Son gente que, en su mayoría, tuvieron trabajo y tienen pensión, pero es de $300 o $400 mensuales, que con eso no se puede vivir”, comentó Ríos. Al igual que los 54 socios cooperativistas, estos beneficiarios pagarían una “pequeña cantidad de dinero”, que alimenta una reserva requerida por el gobierno.
El logro de acceder a $26 millones para la comunidad
Con un primer donativo de $75,000 del gobierno municipal de Salinas, la comunidad instaló paneles solares. La Asociación aprovechó, además, su clasificación de entidad sin fines de lucro para competir por el Community Clean Energy Coalition Prize, en donde consiguieron $255,000. Con esos fondos, se instalaron paneles solares en cinco casas y en el Centro Comunal de La Margarita.
Con donaciones de la Fundación de la Familia Dunn, Solar United Neighbors, Earthspark International y sus propios ingresos, lograron recaudar $80,000 adicionales para instalar otros cuatro sistemas. A cuatro años de fundar la cooperativa, solo once casas en la urbanización cuentan con sistemas de energía solar.
Entre 2024 y 2025, la Asociación recaudó la mayor cantidad que jamás había visto. Adicional a los $6 millones del Fondo de Resiliencia Energética, consiguieron otros $20 millones del programa Community Change Grant, de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés).
Sin embargo, la administración del presidente Trump también canceló esta asignación. La Asociación solo pudo usar un poco más de $260,000. “Tuvimos que devolver el balance”, lamentó Ríos. Según la líder comunitaria, los fondos estaban destinados a la creación de 20 centros comunitarios resilientes, como el Centro de La Margarita, para que las comunidades puedan acudir a espacios en donde acceder a energía eléctrica y agua potable en emergencias.
“[Estos] proyectos que [La Margarita] había ganado podían servir como un súper modelo para otras comunidades en Puerto Rico y hasta fuera de Puerto Rico”, afirmó Gossett Navarro.
El respaldo filantrópico a la energía renovable en Puerto Rico
Antes del huracán María y las 3,000 muertes estimadas a consecuencia de la falta de servicio eléctrico, ya los fondos buitres y otras compañías acechando Puerto Rico, anticipando el impago de la deuda pública y la falta de liquidez del gobierno, lo que dificultaba la inversión en la infraestructura oxidada de la AEE.
Apenas cuatro meses después del ciclón, el gobierno del Partido Nuevo Progresista anunció que daba inicio a la “venta” de la AEE, proceso que culminó años después en la contratación de LUMA Energy como privatizadora de la red de transmisión y distribución, y de Genera PR para las plantas de generación a base de combustibles fósiles.
La privatización de la Autoridad ocurrió bajo la promesa de que se harían las mejoras necesarias a la infraestructura eléctrica y que mejoraría el servicio. Sin embargo, nada ha sido tan confiable como la poca confiabilidad del sistema eléctrico para los puertorriqueños. Ante esto, muchas organizaciones sin fines de lucro destinaron parte de sus fondos a reforzar la estabilidad del servicio de energía eléctrica y a promover fuentes de energía renovable. Sobre todo, porque reconocen que el gobierno ha postergado diversificar las fuentes de energía del país (las fuentes de energía renovable representan sólo 8% del total generado).
“De mi conocimiento, es la primera vez que el tema de energía se convierte en uno de los temas principales [para el tercer sector y la filantropía]. Eso es precisamente por lo que vimos por el huracán María: el apagón más largo en jurisdicción estadounidense, y las consecuencias del apagón en la vida de las personas en Puerto Rico”, comentó Gossett Navarro.
Mientras algunas entidades optan por donar paneles solares a individuos de bajo nivel de ingresos, otras han reconocido en las cooperativas de energía una respuesta colectiva ante la poca inversión pública en la infraestructura eléctrica. La Asamblea Legislativa facultó este tipo de cooperativas hace siete años, cuando aprobó la “Ley de las Cooperativas de Energía de Puerto Rico”.
El presidente de Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Nelson Colón Tarrats, contestó a 9 Millones que las cooperativas de energía son un “modelo de apoderamiento real” porque crean una empresa comunitaria que genera ingresos, fortalece la gobernanza local y reduce la dependencia de sistemas vulnerables. “Una cooperativa energética convierte la energía en una herramienta de desarrollo económico comunitario. Es un modelo más estructural y transformador porque construye autosuficiencia, no solo alivio”, puntualizó.
La Fundación Comunitaria proveyó el capital inicial ($125,000), que permitió a Pirucho Coop —la Cooperativa de Energía de San Salvador— instalar sistemas de energía solar en las primeras ocho casas de la comunidad. La comunidad de San Salvador —el barrio más lejano del centro urbano en Caguas, enclavado en la Sierra de Cayey— se convirtió en la primera cooperativa de energía en Puerto Rico en 2019. Subvenciones posteriores del gobierno municipal de Caguas y el DOE se usaron para completar las instalaciones en 31 viviendas.
“Los equipos son propiedad de la cooperativa y se instalan de manera gratuita. La cooperativa asume además, la responsabilidad de darle mantenimiento a los paneles y la instalación”, aseguró el Padre Feliciano Rodríguez, párroco de la iglesia católica de la comunidad.
La cooperativa tenía pendiente la adjudicación de una propuesta de $1 millón con el DOE, pero los cambios en las políticas energéticas de la Administración Trump cancelaron esa partida presupuestaria, lamentó el párroco. Con esos fondos, Pirucho Coop hubiera podido elevar a 70 el número de casas con sistemas fotovoltaicos, “lo que nos hubiera permitido alcanzar el ‘break even point’ para generar suficientes ingresos para seguir instalando sistemas por nuestra cuenta a razón de una casa por mes”, aseguró Padre Feliciano. Sin ese impulso, le tomará a la cooperativa entre tres y cuatro años generar suficiente capital para ser autosuficiente.
Similarmente, la Asociación de Residentes de La Margarita está tocando a la puerta de fundaciones para seguir adelante con su proyecto, dijo Ríos. Ortiz comentó que continúan comprometidos con el proyecto. “Vamos a seguir trabajando con Abeyno Coop; lo único es que ahora se va a tardar mucho más”, reconoció.
Entretanto, Gossett Navarro indicó que Hispanic Federation y otras organizaciones están en conversación con el DOE tratando de lograr que no se cancele el programa o, al menos, se permita concluir los trabajos en los hogares donde ya estaban en proceso. Las distintas entidades evalúan remedios legales, remedios de mediación y abogacía “tratando de abogar y elevar el impacto que esto tiene en las personas”.
“Todas las organizaciones tenemos la meta de seguir recaudando fondos aunque sea un camino más lento”, comentó Gossett Navarro al inmediatamente añadir que los fondos filantrópicos aunque no tienen el mismo impacto sí permiten demostrar lo que es posible. “El gobierno puede ver evidencia de que esto funcione y después con más confianza invertir en esa solución… En este punto, hay demasiada evidencia en Puerto Rico de que la energía solar es una solución para todos”.
Juan A. Hernández es un periodista con 34 años de experiencia cubriendo la rama ejecutiva, los sindicatos y las comunidades.
Laura M. Quintero es la jefa de redacción de 9 Millones, y es una periodista especializada en investigación y periodismo de soluciones.
