Tres leyes que restringen la salud reproductiva en Puerto Rico

La primera protesta de Ruth E. Arroyo Muñoz para apoyar el derecho al aborto fue en forma de un mural, en blanco y negro, de una mujer con el puño en alto junto a las palabras “defiende derecho aborto” en la carcel penal conocida como Oso Blanco. Casi 40 años después de pintar el mural, el activismo de Arroyo Muñoz como organizadora de Aborto Libre adquiere nueva relevancia ahora que el gobierno de Puerto Rico ha promulgado tres leyes que amenazan el acceso al aborto y que abren el camino para que los legisladores del partido en turno limiten el acceso a la atención médica.

“Al igual que ocurrió en Estados Unidos, el Gobierno [de Puerto Rico] está dando la espalda a la ciencia y al conocimiento”, afirmó Arroyo Muñoz en una entrevista. “Están aprobando en la Asamblea Legislativa lo que se supone que deben ser normas y reglamentos de los organismos, ya que son estos los que cuentan con los conocimientos especializados”, añadió.   

Aborto Libre es un grupo feminista que busca proteger el derecho al aborto y a la salud materna a través de educación y manifestaciones. Arroyo Muñoz explica que, desde enero, el grupo ha organizado reuniones a gran escala, y recientemente decidió centrar sus esfuerzos en campañas comunitarias, ante el consenso de que no tiene sentido cabildear en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Su próxima manifestación será el 23 de abril, a las 5:00 p.m., en Río Piedras.

La política, cuando se trata de los derechos reproductivos en Puerto Rico, refleja las tendencias políticas en EE.UU., donde los gobiernos estatales y los políticos republicanos continúan presentando leyes que limitan, prohíben o penalizan el aborto y el acceso a la atención médica reproductiva tras la anulación de Roe v. Wade.

De manera similar, los funcionarios del partido político en turno, el Partido Nuevo Progresista (PNP), que aboga por la estadidad de Puerto Rico, comenzaron a presentar legislación que podría afectar el acceso a los servicios reproductivos en el archipiélago.

‍9 Millones examinó las leyes aprobadas recientemente por la legislatura de Puerto Rico, y firmadas por la gobernadora Jenniffer González Colón, para producir este explicador.

Ley 18 de 2026: Definiendo al «feto» como ser humano en el Código Penal

El 12 de febrero de 2026, Jenniffer González Colón firmó la Ley 18, la cual considera que "un feto en cualquier etapa de gestación" es un ser humano, bajo el Código Penal. Aunque esto no altera la legislación actual que excluye al aborto legal de ser considerado un homicidio, expertos y defensores  sugieren que tiene el efecto de profundizar la idea de que los embriones fertilizados deben tener los mismos derechos que una persona, envalentonando las restricciones al aborto y la criminalización de las personas embarazadas.

“Esta fue una legislación que se promovió como algo que ayudaría a prevenir la violencia contra las mujeres”, dijo Denise Tomasini-Joshi, abogada de justicia reproductiva que ejerce en la ciudad de Nueva York con If/When/How, un grupo que brinda defensa legal a personas que enfrentan cargos penales tras recibir atención relacionada con el embarazo o el aborto. “La realidad es que las propias leyes antiaborto han sido utilizadas como violencia contra las mujeres”.

Tomasino-Joshi hizo referencia a la Ley 166 de 2025, conocida como Ley “Keishla Madlane” en honor a la joven embarazada que fue asesinada por el boxeador Félix Verdejo Sánchez. La búsqueda y recuperación del cuerpo de Keishla, televisada por los medios nacionales, paralizó al país; mientras, feministas y otras personas que querían honrarla se reunieron en el puente Teodoro Moscoso para manifestarse. La Ley 166 clasificó el asesinato de una mujer embarazada y su feto (con el uso de un arma de fuego) como uno de los peores crímenes bajo el Código Penal. Luego, la Ley 18 de 2026 la enmendó para declarar que un feto es un ser humano.

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La Ley 18 sienta un precedente que los activistas antiaborto pueden usar para restringir o criminalizar el aborto. La ley no solo restringirá el acceso a la atención médica para las mujeres, sino que también representa un peligro para los proveedores médicos, según expertos consultados, ya que los médicos podrían verse divididos entre la atención que brindan a su paciente, los “derechos” de un posible embrión fertilizado, y las posibles ramificaciones legales.

En una línea de piquete protestando la legislación, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), fue notificada de que González Colón la firmaría sin celebrar audiencias públicas. “Hay violencia en eso”, dijo Santiago Negrón.

“Si esas audiencias hubieran ocurrido, los profesionales médicos en la isla estaban listos para proporcionar evidencia de cómo esto complicaría la atención de las personas embarazadas”, explicó, por su parte, Tomasini-Joshi.

Si bien la ley técnicamente se enfoca en la definición del asesinato, los impactos de esta legislación se extienden al ámbito de la práctica médica. Según Tomasini-Joshi, quien representa a profesionales médicos que navegan el panorama legal de la atención médica reproductiva, los proveedores se preguntan: “¿Qué dice esta ley sobre mis responsabilidades profesionales con mi paciente? ¿Quién es mi paciente en esta situación particular?”.

La incertidumbre por las ramificaciones legales hace que un recurso ya escaso y necesario sea más difícil de obtener, temen los defensores. Los médicos puertorriqueños ya migran a EE.UU. continental a tasas alarmantes, con un estimado entre 4,380 a 6,000 profesionales que han abandonado la isla desde 2014 en busca de salarios más altos, mayor acceso a capacitación especializada y un sistema de atención médica menos politizado, según un estudio en la revista Health Study OPEN.

‍“Puerto Rico ya tiene una increíble escasez de servicios de salud materna. Puerto Rico pierde obstetras y ginecólogos casi a diario”, dijo Tomasini-Joshi. Entre 1999 y 2017, la atención médica mal financiada y la migración masiva de proveedores han contribuido a un aumento de 46% en las muertes maternas en Puerto Rico, según un estudio de BMC Women’s Health.

Ley 183 de 2025: Reconociendo a un embrión como un ser humano en el Código Civil

La Ley 18 llega justo después de otra ley que amenaza la salud reproductiva. El 21 de diciembre de 2025, González Colón firmó la Ley 183, que reconoce al no nacido con personalidad jurídica. Tanto la Ley 18 como la 183 fueron presentadas por Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado de Puerto Rico. La ley otorga personalidad jurídica en el momento de la concepción. Las leyes que reconocen a los embriones fertilizados como personas introducen la posibilidad de criminalizar a las personas por tener un aborto espontáneo, recibir tratamiento médico, o por sufrir un accidente que resulte en un aborto espontáneo, en cualquier momento de la gestación. 

“Vemos esto como una especie de puerta trasera que, en algún momento, intentará abolir el aborto”, dijo Tomasini-Joshi. “Creemos que este es el resultado preferido para las personas que propusieron esta legislación en particular”.

Aunque esta ley no impide el acceso al aborto, está “reforzando la idea de que hay otra persona”, cuyos derechos pueden pesar más que la salud y el bienestar del paciente, según Tomasini-Joshi.

Ley 122 de 2025: Controlando los abortos para menores de 15 años

El 30 de octubre de 2025, González Colón firmó otra ley que limita el acceso al aborto. La Ley 122 requiere una firma de los padres antes de proporcionar un aborto a una menor de 15 años. La ley también exige la notificación de tales casos a la Administración de Familias y Niños del gobierno.

“El daño a una joven de tener a los mismos adultos que probablemente están ocultando su abuso, excusando su abuso, cometiendo su abuso, y también sean responsables de aprobar su autonomía corporal, es una doble violación”, dijo Tomasini-Joshi.

Una Larga Historia de Manipulación de la Libertad Reproductiva.

Como efecto del colonialismo estadounidense, la libertad reproductiva en Puerto Rico ha sido manipulada y controlada, desde la esterilización forzada de mujeres que comenzó en la década de 1930, hasta los ensayos de la píldora anticonceptiva, Enovid, antes de la aprobación de la FDA en la década de 1960.

Hoy, la interpretación del nuevo lenguaje legislativo, por parte del gobierno de Puerto Rico que se alinea a la derecha política, representa un peligro, según la senadora Santiago Negrón, quien también es defensora de los derechos reproductivos en Puerto Rico.

A medida que la retórica antiaborto aumenta en EE.UU. y en Puerto Rico, organizaciones como Aborto Libre se resisten con manifestaciones y educación. “[Aborto Libre] es la sombrilla que mantiene unida al movimiento”, dijo Santiago Negrón. Sin embargo, agregó, la realidad es que hace falta poder político para promover cambios de legislación.

“Comienzan con estas cosas que quieren fingir que son benignas, que no son benignas, y eso abre la puerta para todas estas otras cosas que son más dañinas”, dijo Tomasini-Joshi.

Arroyo Muñoz ha visto que los derechos al aborto se otorgan, se quitan y se restringen de nuevo. Como activista feminista desde la década de 1970, presenció la aprobación de Roe v. Wade, la ola de violencia contra los proveedores de aborto en la década de 1990, y ahora, el retorno de la restricción de los derechos reproductivos. Según Arroyo Muñoz, estas leyes tienen que ver con el control, y están dirigidas a controlar el acceso al aborto.

“Estas leyes someten a las mujeres a una vigilancia extrema, limitan su autonomía y ponen en peligro su acceso a los servicios de salud”, señaló Arroyo Muñoz.  

Santiago Negrón está de acuerdo. “Están construyendo la base para la eventual prohibición absoluta del aborto”, dijo. “Creo que es hacia donde se dirige este gobierno neofascista”.

Lara O’Dell es una periodista independiente que cubre temas de salud de la mujer, asuntos LGBTQ+ y cultura.

La periodista y editora jefa de 9 Millones, Laura M. Quintero, contribuyó con la edición y la verificación de datos. El jefe de operaciones de 9 Millones, Luis Alfaro, se encargó de la corrección de la versión en español.

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