Más allá de la Ley 22: cómo opera el paraíso fiscal en Puerto Rico
La coalición Puerto Rico No se Vende explica cómo se está usando el Código de Incentivos para beneficiar a inversionistas extranjeros
¿La Ley 22 fracasó o está funcionando para lo que se diseñó? Aunque los políticos nos prometieron desarrollo económico, inversión y empleos, la Ley 22 de 2012 se ha convertido en el ejemplo emblemático de las políticas de desplazamiento en el archipiélago. Ahora bien, la Ley 22 no es una política pública aislada, sino parte de un andamiaje contributivo amplio que ha normalizado el paraíso fiscal para unos pocos, así como la privatización y concentración de riqueza.
La Ley 22, ahora integrada al Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60 de 2019), funciona como la puerta de entrada a un ecosistema de exenciones diseñado para beneficiar a inversionistas extranjeros, desarrolladores de lujo y corporaciones, mientras que las comunidades locales enfrentan alzas en los costos de vivienda, servicios de electricidad y costos de vida, así como una creciente pérdida de espacios públicos.
El problema no es solo que la Ley 22 exonera a individuos inversionistas del pago de contribuciones sobre intereses, dividendos y ganancias de capital. Es que muchos de sus beneficiarios acumulan múltiples decretos contributivos bajo otras exenciones como la Ley 74 (Turismo), la Ley 273 (entidades financieras) y las Zonas de Oportunidad, logrando evadir gran parte de los impuestos personales, corporativos y municipales. Es decir, que beneficiarios de la Ley 22 son también los que reciben exenciones para proyectos como Esencia y compañías como Genera PR.
El informe más reciente de la coalición Puerto Rico No Se Vende documenta cómo estos esquemas operan en conjunto.
Bajo el discurso de fomentar el turismo, la energía renovable o las exportaciones, se ha creado un sistema que subsidia desarrollos de lujo, privatiza recursos esenciales y drena ingresos públicos sin generar beneficios reales para el país.
Como expresamos en una opinión anterior, el gobierno informó que, entre 2024 y 2030, el país perderá $18,400 millones por motivo del incentivo de la Ley 22. A esto se suman cientos de millones de dólares más en exenciones vinculadas al turismo y otras que el Gobierno de Puerto Rico no ha logrado fiscalizar porque no cuenta con la capacidad para supervisar a cabalidad la cantidad de exenciones que continúa otorgando.
Bajo la Ley 74, hoteles, paradores y megaproyectos reciben exenciones de hasta 100% en impuestos sobre ingresos, propiedad y contribuciones municipales. El proyecto Esencia en Cabo Rojo es un ejemplo claro de un beneficiario de la Ley 22 que acumula otros privilegios contributivos. Valorada en $2,000 millones, esta urbanización de lujo recibió cerca de $497 millones en exenciones contributivas de turismo, aun cuando es un proyecto principalmente residencial. El proyecto incluye residencias exclusivas, campos de golf y un aeropuerto privado en una zona costera de alto valor ecológico. Las comunidades impactadas y organizaciones ambientales denuncian desplazamiento, daños ambientales y la pérdida de acceso a espacios públicos a causa del proyecto. Este no es un caso aislado, sino una consecuencia directa de un modelo que prioriza al inversionista sobre la gente que habita el territorio.
Otro ejemplo es el Hotel Normandie en San Juan, un patrimonio histórico cuya restauración fue acogida a exenciones turísticas bajo la Ley 60 por un beneficiario de la Ley 22. Aunque el proyecto se presenta como revitalización, comunidades han levantado serias preocupaciones por la posible restricción al acceso a la playa del Escambrón y el impacto en humedales costeros. La pregunta es inevitable: ¿revitalización para quiénes?
En el sector energético, compañías privadas también reciben tasas contributivas reducidas y exenciones completas, aun cuando su desempeño afecta directamente la vida cotidiana del país. Genera PR, subsidiaria de New Fortress Energy, recibió incentivos millonarios para administrar la generación eléctrica. Sin embargo, los apagones continúan, afectando hospitales, escuelas, pequeños negocios y hogares alrededor de Puerto Rico.
La acumulación de decretos, los casos de fraude y la falta de transparencia confirman que este modelo no solo ha fallado, sino que está diseñado para hacer de Puerto Rico un paraíso fiscal. La pérdida de ingresos públicos significa menos recursos para escuelas, salud y vivienda asequible. Significa comunidades desplazadas, comercios locales cerrando y espacios públicos abandonados. Esto ya que los incentivos concentran la inversión en proyectos dirigidos a capital externo y de alto costo, lo que fomenta la especulación en la vivienda, la subida en rentas y el desplazamiento de las actividades económicas locales. Significa, además, despedirnos de seres queridos, que se van por la falta de oportunidades y calidad de vida en el archipiélago que les vio nacer.
Desde la coalición PR No Se Vende sabemos que repensar este andamiaje requiere una auditoría pública de todos los decretos contributivos, transparencia real sobre quiénes se benefician y cuánto le cuestan al país, y una reforma contributiva profunda que ponga fin a la acumulación de privilegios. Requiere establecer mecanismos de recobro de dinero cuando se incumplen promesas de inversión; detener nuevas exenciones en sectores donde ya hay evidencia clara de desplazamiento y gentrificación; y redirigir esos recursos a vivienda asequible, escuelas públicas, hospitales y la infraestructura del sistema energético.
Imaginar un Puerto Rico más allá de la Ley 22 es imaginar un país donde el sistema de incentivos responda a las necesidades de quienes viven aquí; un Puerto Rico donde el desarrollo económico no dependa del mal negocio de querer atraer lo de afuera, sino de fortalecer la economía local, apoyar cooperativas y pequeños negocios, proteger nuestras costas, y garantizar acceso a vivienda, energía y espacios públicos. Un Puerto Rico donde la política contributiva deje de ser una herramienta de extracción y desplazamiento y sea una oportunidad para mejorar la calidad de vida de quienes nos queremos quedar aquí.
Existe un Puerto Rico más allá de la Ley 22 y es un Puerto Rico pa su gente.
Ane Hernández Santos (they/them/elle) es estratega de campañas, escritore y organizadore viviendo en Puerto Rico. Su trabajo cruza la cultura, incidencia política y transformación de narrativas para construir poder colectivo en Puerto Rico y la diáspora. Actualmente trabaja como Senior Campaigner en Popular Democracy y es parte de la coalición Puerto Rico No Se Vende.
