[OPINIÓN] Oro y despojo: el ciclo vicioso que nos deja sin techo en Puerto Rico

“Cuando a sus playas llegó Colón,
exclamó lleno de admiración:
‘¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!'
Esta es la linda tierra que busco yo…’”
‍
— Manuel Fernández Juncos

Desde el siglo XVI, la economía de Puerto Rico se ha basado en la extracción de riquezas. Bajo el gobernador Juan Ponce de León, el gobierno español explotó y esclavizó a los indígenas para trabajar en las fundiciones de oro. La historia recoge que durante ese período se remitieron a la península española el “equivalente a casi 700.000 pesos”, según la investigadora en el Instituto Geológico y Minero de España, Isabel Rábano, quien estudió la “Memoria  minera  de  la  Isla  de  Puerto  Rico” (1879).

A pesar de que la minería fracasó en Puerto Rico, la economía de extracción continúa siglos después: así como el oro fue extraído de nuestros ríos por los colonos españoles, hoy día, la juventud en Puerto Rico es despojada de riqueza y un futuro en el archipiélago. 

La clase trabajadora no tiene acceso a vivienda digna, salud, transporte público eficiente, educación de calidad, electricidad estable ni un sinfín de otros servicios esenciales; pero los beneficiarios de la antigua Ley 22 de 2012, que ahora está dentro la Ley 60 de 2019, sí pareciera que tienen el capital para comprar, incluso, residencias lujosas.

Desde la coalición P.R. No Se Vende, nos hemos dado a la tarea de investigar y desenmascarar los trucos que hay detrás de estos buitre-inversionistas. Les llamo así porque, más allá de invertir, se dedican a acaparar propiedades de forma desmedida, sin ningún tipo de remordimiento o conciencia de las repercusiones que eso crea en la comunidad. Un  ejemplo es cómo bajo la Ley 60 y la Ley 74 de 2010 (de Desarrollo Turístico de Puerto Rico), los inversionistas extranjeros pueden adquirir propiedades con exenciones de hasta 100% en contribuciones municipales y sobre la propiedad para desarrollar proyectos turísticos o residenciales “de interés económico”. Estos proyectos son incompatibles con la retención de la juventud en Puerto Rico porque, a mayor acaparamiento de propiedades, menor capacidad para tener vivienda digna y calidad de vida. 

No es secreto para nadie que Puerto Rico está inundado de alojamientos de corto plazo, desde monte adentro hasta la costa. La gran mayoría de estos alquileres no están pensados para los miles de jóvenes profesionales entre los 20 y 40 años, que añoran un pedacito de tierra pa quedarse aquí. 

Nos dijeron que estudiáramos, para salir adelante; que consiguiéramos el título universitario, y lo hicimos. Nos dijeron que  tuviéramos  buen crédito y un trabajo estable, ¡y lo hicimos! La realidad es que apenas nos alcanza para la canasta básica en el supermercado. No es por falta de esfuerzo, sino una distorsión del mercado causada por los incentivos contributivos. 

El Gobierno de Puerto Rico subsidia el lujo de quienes nos compran el país. Los mejores ejemplos son las zonas de Condado, Miramar, Santurce y Ocean Park, en la capital, donde los precios de las propiedades se han disparado a niveles insostenibles. De hecho, uno de los proyectos de turismo de lujo que traen estos inversionistas se ha denominado "Oro Residences" cuyos precios de apartamentos oscilan entre $700,000 a $2 millones. 

Mientras tú despides a tu primo o a tu abuela en el aeropuerto, el gobierno celebra estos proyectos como “revitalización urbana” y les concede  descuentos magnánimos.  Se trata de un ciclo vicioso: extracción de oro y lujo, a costa de nuestra explotación y despojo. 

Por eso, desde nuestra coalición reiteramos que #PRNoSeVende; que no necesitamos más incentivos para millonarios; y que permaneceremos defendiendo las políticas que nos garanticen una vivienda y vida digna. Seguimos firmes, con la certeza de que nuestro mejor guanín (joya hecha de oro, cobre y plata, que los caciques colgaban de su cuello como medalla) es nuestro derecho a permanecer en un Puerto Rico lleno de futuros y presentes. 

Loidymar Duprey González es organizadora comunitaria y afrofeminista, que pertenece a la Coalición Puerto Rico No se Vende.